Por José Ricardo Botelho*
En el escenario actual, la industria aérea brasileña está dando señales claras de que necesita oxígeno para garantizar su viabilidad. En este inmenso país, el sector enfrenta adversidades significativas que trascienden a una sola empresa, abarcando cuestiones fundamentales que afectan no sólo a las aerolíneas establecidas, sino también a las que desean ingresar al mercado y a la propia población.
De 2010 a 2022, las compañías aéreas en Brasil acumularon una pérdida significativa de 54 mil millones de reales (11 miles de millones de dólares), con sólo tres años de beneficio neto (2010, 2017 y 2019). Según la Agencia Nacional de Aviación Civil – ANAC – los números para el período de enero a septiembre de 2023 indican una pérdida de 1,5 mil millones de reales. Estamos ante una realidad que exige una acción inmediata para evitar un desenlace que no tenga vuelta atrás. Todos emiten las mismas señales de alerta: altísimos costos operativos, excesiva judicialización, poca seguridad jurídica para las inversiones y falta de visión estratégica para un servicio público esencial en un país continental como Brasil.
En cuanto a desafíos operacionales de la aviación, el combustible juega un papel importante, ya que representa el 40% de esos costos y ha sido consistentemente un factor determinante en la inviabilidad económica de las empresas. Resulta intrigante comprobar que, a la hora de fijar el precio de la QAV (parafina de aviación), se utiliza la fórmula PPI en el 100% del combustible distribuido, a pesar de que el 92% se produce internamente en Brasil.
¿Por qué no analizar realmente el problema y encontrar una solución adecuada? Esta disparidad requiere un análisis en profundidad, sobre todo si se tiene en cuenta el impacto directo en los costes de explotación de las compañías aéreas. No se trata solo de turismo, sino de un potente motor que mantiene cohesionado a un país continental, millones de personas, millones de empleos, millones de oportunidades.
En 2020, la promulgación de la Ley 14.034 trajo consigo importantes medidas, entre ellas la introducción del artículo 251-A en el Código Aeronáutico Brasileño. Esta legislación hizo obligatoria la prueba del daño extracontractual en situaciones de defectos contractuales en el transporte. Sin embargo, queda la cuestión de hasta cuándo las decisiones judiciales no aplicarán esta legislación de forma coherente. No se puede negar la existencia de inseguridad jurídica en el país. De hecho, esta inestabilidad se ha convertido en un obstáculo para la entrada de nuevas empresas extranjeras en el mercado brasileño, que podrían aportar importantes inversiones e impulsar el sector aéreo.
En cuanto al impacto interno, la cuestión sigue siendo hasta cuándo se culpará a las empresas nacionales de vínculos causales supuestamente inexistentes, alegando «riesgo empresarial». Responsabilizar a estas compañías de sucesos como lluvias, tormentas y cierres del espacio aéreo no tiene sentido, sobre todo cuando la decisión de no volar se toma para preservar vidas. Algo falla cuando Brasil es líder mundial en número de demandas y se fomenta una industria de «sitios buitre» para promover litigios, a pesar de que las compañías nacionales son reconocidas entre las más puntuales del planeta. Esto va en contra de los principios básicos del derecho.
Es esencial que el poder judicial adopte un enfoque cohesivo de la Ley 14.034. Esto no sólo reforzará la seguridad jurídica, sino que también aligerará la carga del sistema judicial, lo que redundará en beneficio de toda la sociedad. Al fin y al cabo, se está perpetuando una injusticia que perjudica a la propia sociedad a la que se pretende proteger. ¿Hasta cuándo seguiremos desatendiendo una visión sistémica del problema a escala nacional?
Durante la pandemia, mientras otras naciones invertían en su aviación, Brasil no recibió ninguna ayuda financiera. Y, seamos claros, nadie pedía una donación, sino medidas de mercado que permitieran sobrevivir a un sector vital para el país. Brasil necesita reconocer la importancia de la conectividad para su desarrollo. Las señales son claras y es imperativo que despertemos a la necesidad de medidas urgentes. Luchar contra los hechos no es productivo. La complejidad de la situación aumenta cada día y culpar unilateralmente a una de las partes no es justo. La pasividad puede poner en peligro todo el sistema y la historia nos enseña que las medidas de última hora no siempre tienen la racionalidad que necesita un sector intensivo en capital.
Sin infraestructuras aéreas sólidas, el crecimiento económico y unas condiciones de vida ideales resultan inalcanzables. Ahora es el momento de abordar estos desafíos de frente, alejándonos del populismo y de las promesas vacías, porque la falta de gestión efectiva para este sector esencial afecta a todos.
No buscamos soluciones mágicas ni una bala de plata, pero es hora de hacer un esfuerzo colectivo para mirar con orgullo al cielo, admirando el legado de Santos Dumont. No se trata de mera retórica, basta ver el valor atribuido por el país de los hermanos Wright, donde incluso la legislación relativa a la recuperación judicial es más segura que la de Brasil y es buscada por todos. ¿Qué le falta a este país que tiene casi el mismo PIB que Francia, Italia, Rusia, más grande que Australia, España, entre otros, para tener la misma conectividad? ¿Pensemos? ¿Por qué sólo el 0,5% de los brasileños tiene acceso al transporte aéreo? ¿Pensemos?
Una aviación saludable es un motor esencial para el progreso. Incluso frente a las dificultades, la aviación desempeña un papel crucial en el turismo brasileño, contribuyendo al 7,8% del PIB que este sector representa. También desempeña un importante papel social, ejemplificado por el transporte gratuito de 5.820 artículos para trasplantes (órganos, tejidos, equipos y materiales, entre otros) en 2023, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CNT). Necesitamos trabajar juntos: gobierno, cadena productiva y empresas para superar los obstáculos, garantizando que Brasil vuele cada vez más alto. Conviene escuchar el sonido de este motor antes de que la conectividad del país se vea insosteniblemente comprometida.
